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Delitos cometidos por Servidores Públicos
Ejercicio indebido de servicio Público
Abuso de Autoridad
Desaparición Forzada de Personas
Coalición de Servidores Públicos
Uso indebido de Atribuciones y Facultades
Concusión
Intimidación
Ejercicio Abusivo de Funciones
Tráfico de Influencia
Cohecho
Cohecho a Servidores Públicos Extranjeros
Peculado
Enriquecimiento Ilicito
Delitos contra la administración de Justicia
Ejercicio Indebido del Propio Derecho
 
 
 


Articulo 222 bis.
Se impondrán las penas previstas en el articulo anterior al que con el propósito de obtener o retener para si o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:
I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
II. A un servidor púublico extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor púublico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.